domingo, 21 de marzo de 2010
jueves, 4 de marzo de 2010
4as Jornadas de Economía Social y Solidaria y Producción Familiar
Tres Arroyos, 20 de Febrero del 2010
Nos ENCONTRAMOS más de 250 referentes de distintas organizaciones de la Economía Social y Solidaria, de Organizaciones de la Agricultura Familiar y miembros de distintas instancias, secretarías y dependencias del Estado Municipal, Provincial y Nacional, en el marco de las 4as Jornadas de Economía Social y Solidaria y Producción Familiar que se desarrollaron los días 19 y 20 de Febrero en el Mercado del productor al consumidor MADRE TIERRA.
Como conclusión de los talleres y de la reflexión de las Organizaciones allí reunidas DECLARAMOS:
Las organizaciones de la Economía Social somos concientes del momento histórico que estamos viviendo y queremos constituirnos en sujetos de la construcción de una sociedad con justicia e igualdad.
Haciendo memoria nos reconocemos hijos de los sueños y las luchas de nuestro pueblo.
Muchas hemos nacido desde la resistencia a las perversas políticas neoliberales que nos llevaron cada vez más a la fragmentación y al individualismo, al saqueo y despojo de nuestros bienes, de nuestra dignidad, de nuestros sueños.
Desde ese lugar comenzamos un camino que hoy nos encuentra en pleno desarrollo de propuestas, de avances y de nuevos desafíos. Ya no somos el pueblo pisoteado y hambreado, ya comenzamos a recuperar la iniciativa, a fortalecernos como organizaciones que producen, que comercializan, que buscan nuevas respuestas al desafío del trabajo desde el asociativismo y la autogestión.
Tenemos vocación política porque reconocemos en ésta a la herramienta necesaria para construir poder popular y que éste se vaya haciendo visible en avances que lleven felicidad a nuestro pueblo. Desde esta convicción generamos y participamos de espacios de cogestión con el Estado y construimos propuestas para incidir en políticas públicas, haciendo el ejercicio que al mismo tiempo que nos fortalece, produce el cambio necesario en el mismo Estado.
Pensamos, y en consecuencia actuamos, convencidos que debemos sostener y apoyar el actual modelo nacional y popular porque ha generado las condiciones necesarias para que hoy nos estemos planteando estas cuestiones y queramos profundizar los avances.
La nacionalización de las AFJP, la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y agricultura familiar, el aumento del presupuesto para el INTA y sus distintos programas, La Ley de Financiamiento Educativo, La ley de servicios audiovisuales, Los 2.500.00 de nuevos jubilados, La Ley de Microcrédito, La ley de monotributo Social, La Ley de Marcas Colectivas, La Asignación Universal por Hijo y otros tantos hechos concretos más, abonan el convencimiento que tenemos de transitar por el buen camino.
Entendemos que los tiempos actuales y sus circunstancias políticas sumados a nuestros propios desafíos requieren que avancemos en la unidad y en la visualización de nuestro sector. Para hacerlo, debemos pasar del nivel de articulación en redes a otro tipo de estructuración, que sea una herramienta de acumulación de las experiencias, el saber y el poder de cada organización. Un gran Movimiento social, económico, cultural que constituya un nuevo sujeto político que represente toda nuestra diversidad, nuestra fuerza, nuestras necesidades, sueños, proyectos y esperanzas.
Sabemos que para lograrlo deberemos superar viejos defectos que aparecen en cada uno de estos intentos, superar personalismos, mezquindades, formas de construcción verticalistas o que surjan de representaciones sin legitimidad.
Este espacio en construcción que proponemos, deberá responder a los desafíos que las organizaciones vienen planteando:
• Fortalecimiento de las organizaciones
• Mayor desarrollo productivo
• Comercialización
• Formación política
• Comunicación interna de las organizaciones
• Visibilidad en los medios
• Legislación adecuada
Este es el desafío de la hora. Está en nuestras manos y podemos lograrlo. Nos hacemos responsables y nos comprometemos a lograr la Unidad y la construcción de este Gran Movimiento de la Economía Social y Solidaria con el objeto de defender todo lo avanzado y de Fortalecer y Profundizar el Proyecto histórico Nacional y Popular con eje principal en la Justicia Social y en la búsqueda de la felicidad de todo el Pueblo Argentino.
Contra la fragmentación…. Por la Unidad de las Organizaciones populares.
Organizaciones Firmantes:
1. MADRE TIERRA, Tres Arroyos.
2. Feria Verde. Mar del Plata
3. Renacer. La Matanza.
4. cedepo
5. cedepo Tres Arroyos
6. Familias productoras de Cañuelas. Coop agropecuaria APF Cañuelas
7. Familias productoras de la cuenca del Luján
8. Feria de Malvinas Argentinas.
9. APF Florencio Varela.
10. Grupo La Esperanza- F. Varela
11. Feria Puente Verde. Monte Grande
12. CAMICHA.
13. asoc civil Ayuda Solidaria. Tandil
14. Consorcio de gestión compartida
15. Comisión de Emprendedores de La Matanza.
16. Costumbres Argentinas. La matanza.
17. La mesa de Francisco Álvarez y de Moreno
18. FAPROCHA. Familias Productoras de Chaves
19. CEPROMUL de Bahía Blanca
20. Comisión Encuentro Indígena
21. Cooperativa Comercializadora del sur
22. Cooperativa La Eulogia.
23. Red Bases
24. Artistas Unidos de Azul
25. Cáritas Bahía Blanca
26. Ecodías (periódico de bahía Blanca)
27. Ciudadanía e Integración Social de San Nicolás.
28. Corriente Justicia Social.
29. UST (Avellaneda)
30. ANTA
31. FACTA.
32. FACEPT
33. CEPT 19. Barra
34. CEPT 34 Ochandio
35. CEPT 3 Cnel. Pringles
36. CEPT 30 de 17 de agosto
37. CEPT 5 Miranda
38. Banco Popular de la Buena Fe. De A. G. Chaves
39. Banco Popular de la Buena Fe. De Tres Arroyos
40. Banco Popular de la Buena Fe. de Tandil
41. Banco Popular de la Buena Fe. de Rauch
42. Banco Popular de la Buena Fe. de Vela
43. Banco Popular de la Buena Fe. de Miranda
44. Banco Popular de la Buena Fe. De Azul.
45. Productores de San Cayetano.
46. Docentes escuela agropecuaria tres arroyos e instituto 33.
47. Pasantes y estudiantes de Trabajo Social de Tres arroyos.
Ámbitos Estatales que participaron de las Jornadas.
48. Profesoras de la Dirección de cultura.
49. Trabajadoras Sociales del municipio de Tres Arroyos
50. Municipio de Tres Arroyos: Dirección de Cultura; Secretaría de Salud y Desarrollo Social; Delegación de Copetonas.
51. Municipio de A. G. Chaves. Secretaría de producción
52. Dirección de Acción Social de San Cayetano
53. Subsecretaría Agricultura Familiar, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación
54. Coordinación Nacional del PRO HUERTA, INTA.
55. Dirección regional IPAF, región pampeana.
56. Dirección Nacional de Microcrédito, Desarrollo Social de la Nación.
Nos ENCONTRAMOS más de 250 referentes de distintas organizaciones de la Economía Social y Solidaria, de Organizaciones de la Agricultura Familiar y miembros de distintas instancias, secretarías y dependencias del Estado Municipal, Provincial y Nacional, en el marco de las 4as Jornadas de Economía Social y Solidaria y Producción Familiar que se desarrollaron los días 19 y 20 de Febrero en el Mercado del productor al consumidor MADRE TIERRA.
Como conclusión de los talleres y de la reflexión de las Organizaciones allí reunidas DECLARAMOS:
Las organizaciones de la Economía Social somos concientes del momento histórico que estamos viviendo y queremos constituirnos en sujetos de la construcción de una sociedad con justicia e igualdad.
Haciendo memoria nos reconocemos hijos de los sueños y las luchas de nuestro pueblo.
Muchas hemos nacido desde la resistencia a las perversas políticas neoliberales que nos llevaron cada vez más a la fragmentación y al individualismo, al saqueo y despojo de nuestros bienes, de nuestra dignidad, de nuestros sueños.
Desde ese lugar comenzamos un camino que hoy nos encuentra en pleno desarrollo de propuestas, de avances y de nuevos desafíos. Ya no somos el pueblo pisoteado y hambreado, ya comenzamos a recuperar la iniciativa, a fortalecernos como organizaciones que producen, que comercializan, que buscan nuevas respuestas al desafío del trabajo desde el asociativismo y la autogestión.
Tenemos vocación política porque reconocemos en ésta a la herramienta necesaria para construir poder popular y que éste se vaya haciendo visible en avances que lleven felicidad a nuestro pueblo. Desde esta convicción generamos y participamos de espacios de cogestión con el Estado y construimos propuestas para incidir en políticas públicas, haciendo el ejercicio que al mismo tiempo que nos fortalece, produce el cambio necesario en el mismo Estado.
Pensamos, y en consecuencia actuamos, convencidos que debemos sostener y apoyar el actual modelo nacional y popular porque ha generado las condiciones necesarias para que hoy nos estemos planteando estas cuestiones y queramos profundizar los avances.
La nacionalización de las AFJP, la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y agricultura familiar, el aumento del presupuesto para el INTA y sus distintos programas, La Ley de Financiamiento Educativo, La ley de servicios audiovisuales, Los 2.500.00 de nuevos jubilados, La Ley de Microcrédito, La ley de monotributo Social, La Ley de Marcas Colectivas, La Asignación Universal por Hijo y otros tantos hechos concretos más, abonan el convencimiento que tenemos de transitar por el buen camino.
Entendemos que los tiempos actuales y sus circunstancias políticas sumados a nuestros propios desafíos requieren que avancemos en la unidad y en la visualización de nuestro sector. Para hacerlo, debemos pasar del nivel de articulación en redes a otro tipo de estructuración, que sea una herramienta de acumulación de las experiencias, el saber y el poder de cada organización. Un gran Movimiento social, económico, cultural que constituya un nuevo sujeto político que represente toda nuestra diversidad, nuestra fuerza, nuestras necesidades, sueños, proyectos y esperanzas.
Sabemos que para lograrlo deberemos superar viejos defectos que aparecen en cada uno de estos intentos, superar personalismos, mezquindades, formas de construcción verticalistas o que surjan de representaciones sin legitimidad.
Este espacio en construcción que proponemos, deberá responder a los desafíos que las organizaciones vienen planteando:
• Fortalecimiento de las organizaciones
• Mayor desarrollo productivo
• Comercialización
• Formación política
• Comunicación interna de las organizaciones
• Visibilidad en los medios
• Legislación adecuada
Este es el desafío de la hora. Está en nuestras manos y podemos lograrlo. Nos hacemos responsables y nos comprometemos a lograr la Unidad y la construcción de este Gran Movimiento de la Economía Social y Solidaria con el objeto de defender todo lo avanzado y de Fortalecer y Profundizar el Proyecto histórico Nacional y Popular con eje principal en la Justicia Social y en la búsqueda de la felicidad de todo el Pueblo Argentino.
Contra la fragmentación…. Por la Unidad de las Organizaciones populares.
Organizaciones Firmantes:
1. MADRE TIERRA, Tres Arroyos.
2. Feria Verde. Mar del Plata
3. Renacer. La Matanza.
4. cedepo
5. cedepo Tres Arroyos
6. Familias productoras de Cañuelas. Coop agropecuaria APF Cañuelas
7. Familias productoras de la cuenca del Luján
8. Feria de Malvinas Argentinas.
9. APF Florencio Varela.
10. Grupo La Esperanza- F. Varela
11. Feria Puente Verde. Monte Grande
12. CAMICHA.
13. asoc civil Ayuda Solidaria. Tandil
14. Consorcio de gestión compartida
15. Comisión de Emprendedores de La Matanza.
16. Costumbres Argentinas. La matanza.
17. La mesa de Francisco Álvarez y de Moreno
18. FAPROCHA. Familias Productoras de Chaves
19. CEPROMUL de Bahía Blanca
20. Comisión Encuentro Indígena
21. Cooperativa Comercializadora del sur
22. Cooperativa La Eulogia.
23. Red Bases
24. Artistas Unidos de Azul
25. Cáritas Bahía Blanca
26. Ecodías (periódico de bahía Blanca)
27. Ciudadanía e Integración Social de San Nicolás.
28. Corriente Justicia Social.
29. UST (Avellaneda)
30. ANTA
31. FACTA.
32. FACEPT
33. CEPT 19. Barra
34. CEPT 34 Ochandio
35. CEPT 3 Cnel. Pringles
36. CEPT 30 de 17 de agosto
37. CEPT 5 Miranda
38. Banco Popular de la Buena Fe. De A. G. Chaves
39. Banco Popular de la Buena Fe. De Tres Arroyos
40. Banco Popular de la Buena Fe. de Tandil
41. Banco Popular de la Buena Fe. de Rauch
42. Banco Popular de la Buena Fe. de Vela
43. Banco Popular de la Buena Fe. de Miranda
44. Banco Popular de la Buena Fe. De Azul.
45. Productores de San Cayetano.
46. Docentes escuela agropecuaria tres arroyos e instituto 33.
47. Pasantes y estudiantes de Trabajo Social de Tres arroyos.
Ámbitos Estatales que participaron de las Jornadas.
48. Profesoras de la Dirección de cultura.
49. Trabajadoras Sociales del municipio de Tres Arroyos
50. Municipio de Tres Arroyos: Dirección de Cultura; Secretaría de Salud y Desarrollo Social; Delegación de Copetonas.
51. Municipio de A. G. Chaves. Secretaría de producción
52. Dirección de Acción Social de San Cayetano
53. Subsecretaría Agricultura Familiar, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación
54. Coordinación Nacional del PRO HUERTA, INTA.
55. Dirección regional IPAF, región pampeana.
56. Dirección Nacional de Microcrédito, Desarrollo Social de la Nación.
lunes, 1 de marzo de 2010
Pronto... Encuentro Latinoamericano de Microcrédito!!!
La Red Nacional del BPBF, se reunió con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Alicia Kirchner donde se intercambiaron ideas sobre la organización del próximo Encuentro Latinoamericano de Microcrédito, que se realizará en el mes de noviembre, dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario. También se informó sobre las actividades que el BPBF viene realizando en todo el país. Cabe recordar, que la Red Nacional está integrada por representantes de cada una de las siete Redes Regionales que llevan a esta reunión la voz de poco mas de 1.000 organizaciones que desarrollan esta actividad en todo el pais."
lunes, 11 de enero de 2010
DESARROLLO DEL MICROCREDITO Y EL CRECIMIENTO DEL BANCO POPULAR DE LA BUENA FE
La economía solidaria
El objetivo es sumar 300.000 microemprendedores a fines de 2011. Se trata de una inédita experiencia de gestión asociada entre organizaciones sociales, Estado nacional y local y decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos.
Por Alejandro Rofman *
La economía solidaria tiene arraigados exponentes de su actividad transformadora de nuestra realidad desde hace más de cien años. A fines del siglo XIX y principios del XX nacieron y se expandieron innumerables emprendimientos de ese espacio organizativo, que se basa en el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad y la democracia asociativa. La difusión de los principios del cooperativismo, en sus muy diversas modalidades, y del mutualismo se multiplicó, con el transcurso de los años, proyectando la presencia de unidades de producción y consumo alejadas de los esquemas básicos del capitalismo, signados por el individualismo, la maximización de la ganancia, la explotación social y el egoísmo.
Esos ideales inmutables en el tiempo les concedieron a las experiencias asociativas democráticamente organizadas en torno de valores de equidad y justicia social una necesaria ratificación cuando procesos críticos desde el punto de vista económico-social obligaron a amplios contingentes de población a buscar, por su propio esfuerzo, los ingresos para subsistir. Las encomiables iniciativas contemporáneas también prendieron en el espectro de las políticas públicas orientadas a generar y consolidar empleo, en épocas de aguda falta de trabajo. El Estado nacional y los locales, en los últimos años, registran numerosos programas de creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos capaces de retomar el esfuerzo colectivo de construir formas solidarias de organización y gestión para superar las crisis de desempleo.
Uno de los mayores logros al respecto está constituido por la implementación de la ley 26.117, sancionada por el Congreso hace tres años con el apoyo generalizado de todas las bancadas legislativas a un proyecto de Alicia Kirchner, que instaló el microcrédito en la agenda pública como una herramienta de promoción social. La estrategia incorporada a esta norma legal consistió en la activa promoción y consolidación de los emprendimientos atendidos, recuperando el trabajo como integrador social y desarrollo personal, la solidaridad como esfuerzo conjunto y la distribución equitativa y el desarrollo comunitario como elementos de organización social.
Dicha ley, que creó la Comisión Nacional de Microcrédito, organismo responsable de su cumplimiento, afincada en el Ministerio de Desarrollo Social, establece como objetivo central la expansión de los microcréditos reconociendo que dicha fuente de recursos, acompañada de adecuada asistencia técnica y seguimiento, constituye una herramienta apropiada para fortalecer la economía solidaria desplegada en todo el territorio del país por pequeños emprendimientos productivos asociativos.
Partiendo del principio de complementariedad y cooperación entre lo público y lo privado, se tomaron como referencia las actividades que en la temática de microcrédito venían desarrollando diversos actores de la sociedad en distintos lugares del país. Se asumió el modelo de gestión asociada como un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, de relación multiactoral, que genera una nueva institucionalidad en la relación Estado-Sociedad.
La aplicación de esta modalidad de gestión permitió la rápida expansión y promoción del microcrédito. El primer impacto fue garantizar un importante alcance territorial y las condiciones adecuadas de acceso al microcrédito para los sectores populares. En menos de tres años de gestión, más de 1300 organizaciones sociales, en su mayoría de base comunitaria y productiva, se encuentran aplicando en forma directa y protagónica la metodología de microcrédito como un verdadero proceso revolucionario en Argentina.
Por su parte, las Redes de Gestión Asociada se conforman con entidades afines, que a la vez son ejecutoras de microcrédito en una o más provincias donde tienen pertenencia sectorial. En general, cada una de ellas tiene antecedentes en la temática del microcrédito y cuenta con una estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por la elección de los destinatarios, por la rama de actividad en las que se concentran o por la localización de sus programas. La toma de decisiones es de mayor horizontalidad y buscan incidir en la política pública local o sectorial para involucrar al Estado en el desarrollo de la economía solidaria.
Una tercera modalidad de gestión asociada la constituye la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe que conforma un entramado asociativo entre las organizaciones regionales (administradoras) y los bancos locales (organizaciones ejecutoras). De alcance nacional, la red de Bancos Populares nuclea a un importante número de emprendedores, promotores y organizaciones de base.
A tres años de la implementación de esa ley se han entregado algo más de 165 millones de pesos a las organizaciones ejecutoras de microcrédito, a través de los Consorcios y Redes de Gestión Asociada. Antes de finalizar 2009, de acuerdo con lo que ya se ha convenido y firmado, tal cifra se elevará a cerca de 220 millones de pesos. Esta iniciativa ha distribuido fondos a microproductores de todo el país por una cantidad no menor a doce veces la que, en su totalidad, programas afines habían entregado bajo muy diferentes modalidades recursos crediticios a tales prestatarios desde 1983. Ello da cuenta de la magnitud de la tarea realizada en tan poco tiempo.
Para garantizar una llegada masiva se subsidió la tasa de interés de los microcréditos de modo que no fuera más del 6 por ciento anual. Así, se otorgaron 109.445 microcréditos a lo largo de los últimos tres años y se abarcó a cerca de 80.000 emprendimientos en 22 de las 24 provincias. Un Consejo Asesor, compuesto por los ministros provinciales responsables del área de políticas sociales de 22 unidades políticoadministrativas ya adheridas, funciona como organismo de definición de estrategias y de control de las decisiones adoptadas.
Un eslabón estratégico para el buen funcionamiento de un programa de microcrédito son los Promotores y los Asesores de Crédito. Su importancia radica principalmente en su rol: seleccionar el destinatario del microcrédito para lo cual es necesaria una evaluación de variables personales, sociales y económico-productivas, al mismo tiempo que realiza el seguimiento de los créditos otorgados.
En las 1366 organizaciones de base, que incluyen organismos públicos locales, que son el contacto directo con los receptores de los créditos, trabajan activamente, en su función de promoción y asesoramiento a tales receptores, casi 5000 técnicos. Estos son lo que, en permanente contacto con los prestatarios, orientan y monitorean la actividad. El porcentaje de cumplimiento de los receptores de los plazos para retornar los créditos es muy elevado, rondando más del 95 por ciento. Los montos otorgados tienen como destino capital de trabajo y equipamiento y alcanzan a un promedio en torno de los 3000 pesos por crédito ofrecido.
Esta experiencia, que se pretende alcance a 300.000 microemprendedores a fines de 2011, es un magnífico e inédito ejemplo de gestión asociada entre organizaciones sociales esparcidas por todo el país, el Estado nacional y local como promotores directos de la experiencia y la activa y entusiasta participación de decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos. Estos se comprometen de palabra y en forma solidaria a devolver los créditos, no estableciéndose garantía real alguna, sino confiando en la fuerte adhesión colectiva a una idea que constituye un ejemplo renovado de la cooperación horizontal y de la democracia económica. Esta iniciativa se inscribe en la política económica y social del Estado luego de 2003 y se constituye en una pieza esencial del modelo productivista con inclusión social que desde entonces está en marcha
* Investigador del Conicet y especialista en Economía Solidaria.
Domingo, 10 de enero de 2010
Fuente Pagina 12
El objetivo es sumar 300.000 microemprendedores a fines de 2011. Se trata de una inédita experiencia de gestión asociada entre organizaciones sociales, Estado nacional y local y decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos.
Por Alejandro Rofman *
La economía solidaria tiene arraigados exponentes de su actividad transformadora de nuestra realidad desde hace más de cien años. A fines del siglo XIX y principios del XX nacieron y se expandieron innumerables emprendimientos de ese espacio organizativo, que se basa en el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad y la democracia asociativa. La difusión de los principios del cooperativismo, en sus muy diversas modalidades, y del mutualismo se multiplicó, con el transcurso de los años, proyectando la presencia de unidades de producción y consumo alejadas de los esquemas básicos del capitalismo, signados por el individualismo, la maximización de la ganancia, la explotación social y el egoísmo.
Esos ideales inmutables en el tiempo les concedieron a las experiencias asociativas democráticamente organizadas en torno de valores de equidad y justicia social una necesaria ratificación cuando procesos críticos desde el punto de vista económico-social obligaron a amplios contingentes de población a buscar, por su propio esfuerzo, los ingresos para subsistir. Las encomiables iniciativas contemporáneas también prendieron en el espectro de las políticas públicas orientadas a generar y consolidar empleo, en épocas de aguda falta de trabajo. El Estado nacional y los locales, en los últimos años, registran numerosos programas de creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos capaces de retomar el esfuerzo colectivo de construir formas solidarias de organización y gestión para superar las crisis de desempleo.
Uno de los mayores logros al respecto está constituido por la implementación de la ley 26.117, sancionada por el Congreso hace tres años con el apoyo generalizado de todas las bancadas legislativas a un proyecto de Alicia Kirchner, que instaló el microcrédito en la agenda pública como una herramienta de promoción social. La estrategia incorporada a esta norma legal consistió en la activa promoción y consolidación de los emprendimientos atendidos, recuperando el trabajo como integrador social y desarrollo personal, la solidaridad como esfuerzo conjunto y la distribución equitativa y el desarrollo comunitario como elementos de organización social.
Dicha ley, que creó la Comisión Nacional de Microcrédito, organismo responsable de su cumplimiento, afincada en el Ministerio de Desarrollo Social, establece como objetivo central la expansión de los microcréditos reconociendo que dicha fuente de recursos, acompañada de adecuada asistencia técnica y seguimiento, constituye una herramienta apropiada para fortalecer la economía solidaria desplegada en todo el territorio del país por pequeños emprendimientos productivos asociativos.
Partiendo del principio de complementariedad y cooperación entre lo público y lo privado, se tomaron como referencia las actividades que en la temática de microcrédito venían desarrollando diversos actores de la sociedad en distintos lugares del país. Se asumió el modelo de gestión asociada como un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, de relación multiactoral, que genera una nueva institucionalidad en la relación Estado-Sociedad.
La aplicación de esta modalidad de gestión permitió la rápida expansión y promoción del microcrédito. El primer impacto fue garantizar un importante alcance territorial y las condiciones adecuadas de acceso al microcrédito para los sectores populares. En menos de tres años de gestión, más de 1300 organizaciones sociales, en su mayoría de base comunitaria y productiva, se encuentran aplicando en forma directa y protagónica la metodología de microcrédito como un verdadero proceso revolucionario en Argentina.
Por su parte, las Redes de Gestión Asociada se conforman con entidades afines, que a la vez son ejecutoras de microcrédito en una o más provincias donde tienen pertenencia sectorial. En general, cada una de ellas tiene antecedentes en la temática del microcrédito y cuenta con una estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por la elección de los destinatarios, por la rama de actividad en las que se concentran o por la localización de sus programas. La toma de decisiones es de mayor horizontalidad y buscan incidir en la política pública local o sectorial para involucrar al Estado en el desarrollo de la economía solidaria.
Una tercera modalidad de gestión asociada la constituye la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe que conforma un entramado asociativo entre las organizaciones regionales (administradoras) y los bancos locales (organizaciones ejecutoras). De alcance nacional, la red de Bancos Populares nuclea a un importante número de emprendedores, promotores y organizaciones de base.
A tres años de la implementación de esa ley se han entregado algo más de 165 millones de pesos a las organizaciones ejecutoras de microcrédito, a través de los Consorcios y Redes de Gestión Asociada. Antes de finalizar 2009, de acuerdo con lo que ya se ha convenido y firmado, tal cifra se elevará a cerca de 220 millones de pesos. Esta iniciativa ha distribuido fondos a microproductores de todo el país por una cantidad no menor a doce veces la que, en su totalidad, programas afines habían entregado bajo muy diferentes modalidades recursos crediticios a tales prestatarios desde 1983. Ello da cuenta de la magnitud de la tarea realizada en tan poco tiempo.
Para garantizar una llegada masiva se subsidió la tasa de interés de los microcréditos de modo que no fuera más del 6 por ciento anual. Así, se otorgaron 109.445 microcréditos a lo largo de los últimos tres años y se abarcó a cerca de 80.000 emprendimientos en 22 de las 24 provincias. Un Consejo Asesor, compuesto por los ministros provinciales responsables del área de políticas sociales de 22 unidades políticoadministrativas ya adheridas, funciona como organismo de definición de estrategias y de control de las decisiones adoptadas.
Un eslabón estratégico para el buen funcionamiento de un programa de microcrédito son los Promotores y los Asesores de Crédito. Su importancia radica principalmente en su rol: seleccionar el destinatario del microcrédito para lo cual es necesaria una evaluación de variables personales, sociales y económico-productivas, al mismo tiempo que realiza el seguimiento de los créditos otorgados.
En las 1366 organizaciones de base, que incluyen organismos públicos locales, que son el contacto directo con los receptores de los créditos, trabajan activamente, en su función de promoción y asesoramiento a tales receptores, casi 5000 técnicos. Estos son lo que, en permanente contacto con los prestatarios, orientan y monitorean la actividad. El porcentaje de cumplimiento de los receptores de los plazos para retornar los créditos es muy elevado, rondando más del 95 por ciento. Los montos otorgados tienen como destino capital de trabajo y equipamiento y alcanzan a un promedio en torno de los 3000 pesos por crédito ofrecido.
Esta experiencia, que se pretende alcance a 300.000 microemprendedores a fines de 2011, es un magnífico e inédito ejemplo de gestión asociada entre organizaciones sociales esparcidas por todo el país, el Estado nacional y local como promotores directos de la experiencia y la activa y entusiasta participación de decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos. Estos se comprometen de palabra y en forma solidaria a devolver los créditos, no estableciéndose garantía real alguna, sino confiando en la fuerte adhesión colectiva a una idea que constituye un ejemplo renovado de la cooperación horizontal y de la democracia económica. Esta iniciativa se inscribe en la política económica y social del Estado luego de 2003 y se constituye en una pieza esencial del modelo productivista con inclusión social que desde entonces está en marcha
* Investigador del Conicet y especialista en Economía Solidaria.
Domingo, 10 de enero de 2010
Fuente Pagina 12
domingo, 27 de diciembre de 2009
El 29 vamos al CONGRESO NACIONAL
El 29 de este mes (martes) a las 12 hs en el Congreso de la Nación, Salón de los Pasos Perdidos, se leerá el documento ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA, que enviamos a continuacion.
Quienes deseen adherir con su firma pueden hacerlo entrando a www.delforo.com.ar
Acuerdo para la seguridad democrática
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1. El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2. El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3. Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4. Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8. El papel de la justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.
9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Quienes deseen adherir con su firma pueden hacerlo entrando a www.delforo.com.ar
Acuerdo para la seguridad democrática
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1. El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2. El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3. Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4. Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8. El papel de la justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.
9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
sábado, 26 de diciembre de 2009
FELIZ NAVIDAD
Ignacio Copani y María Eva Sanz les desean muy FELIZ NAVIDAD. Con la esperanza de que continuemos manteniendo viva la "mística del banquito", en la construcción de un Pais más justo y equitativo para todos y todas.
Muchas Felicidades
martes, 8 de diciembre de 2009
SACRA tiene nueva SECRETARIA GENERAL
Felicitaciones PIMPI! ! ! ! !
Con emoción comparto con Uds. esta noticia.
Los días 05, 06 y 07 de Diciembre se desarrolló un ENCUENTRO NACIONAL del SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina), en la localidad de Alta Gracia (Córdoba), y se votaron las nuevas autoridades.
Su nueva Secretaria General es nuestra querida compañera María Lucila (Pimpi) Colombo.
Muy emotivos han sido los testimonios de las mujeres que se han "empoderado" a traves de su participación sindical. Como por ejemplo una compañera que contó que en los comienzos, un día tuvo que entrar a su casa por la ventana, ya que el marido no quería que participe. Siguió en la lucha y hoy es una de las dirigentes de Misiones. Bravo compañera!!!
SACRA es una Organización Regional del Banco Popular de la Buena Fe, por lo cual en el mismo Encuentro pudimos ver exposiciones de las emprendedoras de varios lugares del pais que nos motivan a seguir trabajando los ejes de la Solidaridad, el Valor de la Palabra, el Compromiso, la Fortaleza, e ir vivenciando la ESPERANZA de que un pais inclusivo y con equidad de género, ES POSIBLE.
La bandera de nuestra Red de Microcrédido y Educación Popular de la Provincia de Buenos Aires "flameó orgullosa entre tanta alegría".
MARIA EVA
Con emoción comparto con Uds. esta noticia.
Los días 05, 06 y 07 de Diciembre se desarrolló un ENCUENTRO NACIONAL del SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina), en la localidad de Alta Gracia (Córdoba), y se votaron las nuevas autoridades.
Su nueva Secretaria General es nuestra querida compañera María Lucila (Pimpi) Colombo.
Muy emotivos han sido los testimonios de las mujeres que se han "empoderado" a traves de su participación sindical. Como por ejemplo una compañera que contó que en los comienzos, un día tuvo que entrar a su casa por la ventana, ya que el marido no quería que participe. Siguió en la lucha y hoy es una de las dirigentes de Misiones. Bravo compañera!!!
SACRA es una Organización Regional del Banco Popular de la Buena Fe, por lo cual en el mismo Encuentro pudimos ver exposiciones de las emprendedoras de varios lugares del pais que nos motivan a seguir trabajando los ejes de la Solidaridad, el Valor de la Palabra, el Compromiso, la Fortaleza, e ir vivenciando la ESPERANZA de que un pais inclusivo y con equidad de género, ES POSIBLE.
La bandera de nuestra Red de Microcrédido y Educación Popular de la Provincia de Buenos Aires "flameó orgullosa entre tanta alegría".
MARIA EVA
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